El sector y el Ejecutivo gallego recuerdan que el Estado es un actor privilegiado y tiene mucho más fácil justificar y fundamentar el recurso, algo que facilitaría su tramitación frente a la alternativa de la presentación por parte de las casas armadoras de manera individual
La Administración gallega apoyará cualquier actuación en este sentido, tanto del Estado cómo del sector, aportando los datos y argumentos técnicos y jurídicos que sean necesarios
Rosa Quintana hizo un llamamiento al conjunto de la sociedad y advirtió de que este es un problema de toda la comunidad pues en localidades como Ribeira, Celeiro o Burela supone la pérdida de su principal pulmón económico
La conselleira del Mar está en contacto con las comunidades autónomas con intereses pesqueros para pedir su implicación y hacer fuerza en Europa contra una medida totalmente arbitraria y adoptada sin argumentos científicos que la justifiquen
La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo un nuevo encuentro con representantes del sector pesquero gallego y juristas especializados para analizar los pasos a dar ante el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas en cerca de un ciento de áreas en aguas comunitarias. La titular de Mar trasladó la petición unánime de la flota gallega a favor de la presentación de un recurso estatal contra esta medida, así como su suspensión temporal, una demanda que la Xunta apoya.
La representante del Ejecutivo gallego destacó que el Estado es un actor privilegiado, por lo que tiene mucho más fácil justificar y fundamentar el recurso para su presentación. Eso agilizaría la tramitación en relación con la otra alternativa, la de la presentación de recursos individuales de las casas armadoras, que tendrían que justificar que son parte perjudicada y fundamentar su demanda para que sea admitida a trámite. En cuyo caso, la Xunta podría actuar como parte coadyuvante pues el daño principal es a las empresas.
Rosa Quintana recordó que en la reunión mantenida ayer en Madrid los representantes del sector y de las comunidades autónomas implicadas trasladaron al Gobierno central su apoyo total al posible recurso estatal y reiteró que la Xunta apoyará cualquier actuación en este sentido aportando los datos y argumentos técnicos y jurídicos necesarios.
La conselleira incidió en que, de no paralizarse la entrada en vigor de este reglamento, el 9 de octubre el sector pesquero español y muchas de sus zonas costeras se encontrarán con un serio problema económico. En cuanto a la flota, habría un desplazamiento de las áreas vetadas a otras en las que están faenando otros buques, por lo que los solapamientos podrían generar conflictos entre barcos por el espacio y uno menoscabo de las condiciones laborales de los tripulantes pues la operativa de pesca en esos casos exige mucho más tiempo de trabajo.
La mayores, hizo un llamamiento al conjunto de la sociedad y advirtió de que este es un problema de toda la comunidad pues no afecta solo a los 200 barcos perjudicados directamente sino la importantes localidades costeras como Ribeira, Celeiro o Burela. “Esas zonas de Galicia sufrirían mucho, perdiendo su principal pulmón económico y la soberanía alimentaria que tan importante fue durante la pandemia por la covid-19”, subrayó Rosa Quintana.
La Xunta trasladó también a los representantes del sector que apoyará jurídica y técnicamente a las casas armadoras que decidan presentar recurso contra lo veto a la pesca de fondo y que contribuirá a enriquecer y fundamentar sus demandas ante una decisión totalmente arbitraria y carente de argumentos científicos que la sustenten.
La prohibición afecta de manera directa la alrededor de 200 buques de capital gallego y podría llegar a afectar la cerca de 900 embarcaciones de artes menores bien por el desplazamiento de la flota que faenaba en las zonas vetadas y el solapamiento de áreas de pesca bien por una futura ampliación de la medida la otras artes que tienen contacto con el fondo marino.
Colaboración con otras comunidades
Ante esta situación, el Ejecutivo gallego también está contactando con sus homólogas y homólogos en las comunidades autónomas con intereses pesqueros para pedir su implicación ante una medida que puede suponer un golpe mortal para la flota española. Este problema no solo perjudica a Galicia sino también la otras comunidades como Andalucía, Asturias, Cantabria o el País Vasco, por lo que es importante trabajar juntos y hacer fuerza en Europa contra esta medida.
Bruselas decidió seguir adelante con esta prohibición a pesar de que la votación de la Unión Europea no supuso una mayoría cualificada, por lo que debería volver a iniciarse su tramitación. Por el contrario, con total falta de transparencia y mala fe -pues había prometido revisar esa decisión con nuevos datos e informes científicos y no lo hizo- siguió adelante publicando el pasado lunes un reglamento ejecutivo en el Diario Oficial de la Unión Europea que entrará en vigor a comienzos de octubre.
Rosa Quintana, que estuvo acompañada en la reunión por el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, aseguró que la Xunta está la disposición del sector y del Gobierno central para apoyar en todo lo que sea posible en la busca de argumentos que permitan frenar esta decisión, que fue tomada desde un punto de vista excesivamente medioambientalista y sin tener en cuenta su impacto social y económico.
Fuente: www.xunta.gal