El presidente Zapatero inventó la “memoria histórica”, como un medio para ganar votos frente a un PP que había demostrado que gestionaba bastante mejor la economía y el empleo que el PSOE. Lamentablemente, su política de confrontación tuvo un enorme éxito y se convirtió en 2008 en el presidente del Gobierno más votado de la democracia con más de once millones de votos.
Los objetivos de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, seguido por las leyes similares autonómicas, es con seguir votos de las izquierdas a través de los siguientes irresponsables medios:
a) La exaltación del comunismo en España durante la II Republica, Guerra Civil y el Franquismo para conseguir la animadversión de los partidos de derechas actuales imponiendo la versión comunista de la historia durante estas tres etapas y considerando como “trayectoria democrática” a la violencia y pretensiones de una dictadura comunista de las izquierdas.
b) Crear la base jurídica para establecer subvenciones, indemnizaciones y reconocimientos para personas vinculadas a los partidos de izquierdas actuales.
Sin embargo, la Ley de memoria histórica de Zapatero de 2007 contiene cierta ambigüedad y permite encajar a las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil. Así lo establece su artículo 1:
La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
Sin embargo, la Ley de Memoria “democrática” de Andalucía es bastante más radical y comunista, motivo por el cual, la actual Ley en trámite de carácter nacional para sustituir a la de Zapatero la copia en muchos aspectos, dado que considera sólo víctimas de la Guerra Civil a las izquierdas, a las que denomina “víctimas del golpe militar”. Además, de paso, y para justificar el estatuto de autonomía que habla del inexistente “pueblo andaluz”, reivindica como tal a los poquísimos seguidores de las teorías del andalucismo durante la Segunda República, pues de hecho, tenían tan pocos votantes que Blas Infante nunca llegó a ser diputado nacional. Veamos sus objetivos y su concepto de “memoria democrática”:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.3.24.o del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Memoria Democrática de Andalucía: La salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades para hacer efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo a conocer la verdad de lo acaecido en la lucha por los derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la Segunda República española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982, así como la promoción del derecho a una justicia efectiva y a la reparación para las víctimas andaluzas del golpe militar y la Dictadura franquista.
Realmente es gravísimo que se denomine y por tanto se justifique como “Memoria Democrática” la violencia revolucionaria para implantar en España una dictadura comunista consistente en el incendio de iglesias, el golpe revolucionario de 1934 a la Segunda República, el fraude y violencia de las elecciones de 1936, los asesinatos masivos de las izquierdas durante la Guerra Civil, primero en la cárcel de Málaga y posteriormente en otras zonas de España como Paracuellos, con miles de asesinados, las torturas y paseíllos de las checas a los opositores de las izquierdas o la persecución religiosa a través de la tortura y asesinato de cerca de 7.000 personas por motivos religiosos.
Pero aún más grave es que esta Ley andaluza pretenda adoctrinar en colegios y universidades en la animadversión a las derechas y el odio a los españoles que lucharon en el bando nacional ocultando el verdadero pasado violento y antidemocrático de las izquierdas y reivindicándolo como democrático, como establece el artículo 47 de la Ley de Memoria “democrática” de Andalucía, y que por supuesto, copia el actual proyecto de Ley nacional:
Artículo 47. Actuaciones en materia de enseñanza.
1. Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica. 2. Con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas, la Consejería competente en materia de educación incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía. 3. Asimismo, se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda.
Frente a la Ley andaluza, encontramos otras más moderadas como es el Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que deja. bastante de lado la exaltación del comunismo y se centra sobre todo en sentar las bases jurídicas para subvenciones de “memoria histórica”.
La verdadera pena es que una Ley tan extremista haya sido asumida por los partidos centristas, que consideran “moderado” y “centrista” asumir una norma que incita al odio contra los españoles que lucharon en el bando nacional cuya pretensión fue salvar a España del comunismo, la división de España, la persecución a los católicos y de la eliminación de la propiedad privada. En cambio, los partidos centristas (PP y Cs) lo que consideran “extremista” es el planteamiento del partido conservador VOX de una Ley de Concordia para evitar lo antiguos odios y reivindicar por igual las víctimas de la guerra civil de ambos bandos, porque todos los españoles sufrieron con la Guerra Civil y todos defendieron las ideas que consideraron mejor para España, aunque ninguna de ellas fuese realmente democrática.
Estamos además ante uno de los muchos incumplimientos del PP de su pacto de investidura con VOX de sustituir la extremista Ley de «memoria democrática» por una Ley de Concordia. Por ello, no es de extrañar el hartazgo de Vox y su falta de apoyo al gobierno autonómico andaluz.