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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha comunicado a las Comunidades Autónomas que recibirán en 2023 los mayores recursos de la historia procedentes del sistema de financiación, lo que supone 134.335,6 millones de euros, un 24% más que en 2022. Es decir, 26.130 millones más que el ejercicio precedente.
El grueso de esta dotación procede de unas entregas a cuenta récord de 124.291,8 millones de euros, un 11% más respecto al año anterior. A esta cantidad se sumarán otros 10.980,6 millones de euros correspondientes a la previsión de liquidación del sistema de financiación de 2021, esto es, la diferencia entre la estimación de ingresos que recibieron las comunidades (entregas a cuenta) y los ingresos reales al finalizar el ejercicio, que se liquidan con dos años de decalaje, tal y como marca la ley. Hay que tener en cuenta que, a la suma de ambos conceptos, hay que restar como es habitual 936,8 millones de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.
El de hoy ha sido el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado de forma presencial desde el inicio de la pandemia. Una reunión en la que se han abordado cuestiones vitales para preservar los recursos de los territorios autonómicos y también para conocer la previsión de financiación necesaria para la elaboración de sus propios presupuestos en un contexto de incertidumbre internacional por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Mayor financiación para combatir la inflación
De esta forma, la ministra de Hacienda y Función Pública ha destacado que, a pesar del «difícil» contexto económico, las Comunidades Autónomas «nunca han estado mejor financiadas». En este encuentro, Montero ha apelado a la unidad del conjunto de las Administraciones Públicas, que ya funcionó durante la pandemia, para poder combatir la alta inflación derivada del conflicto bélico en Ucrania.
En este sentido, la titular de Hacienda ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde que comenzó el repunte de precios y que se han desarrollado en tres vertientes. En primer lugar, medidas para proteger a los sectores vulnerables, como, por ejemplo, el incremento un 15% del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas o la ayuda de 200 euros para rentas bajas. En segundo lugar, medidas para mitigar el impacto a la clase media y trabajadora, como la mayor rebaja de impuestos de la electricidad de la historia, con un descenso del 80% de las figuras fiscales vinculadas a la factura de la luz, o la subvención de 20 céntimos por litro de carburante. Y, por último, las medidas dirigidas a apoyar a los sectores productivos más afectados mediante ayudas directas a transportistas, agricultores o a la industria gasintensiva.
Asimismo, María Jesús Montero ha resaltado que el Gobierno también se ha caracterizado por defender a las Comunidades Autónomas en todo este periodo y ha recordado que España es el país descentralizado que más ha respaldado a las administraciones territoriales. Una postura que continuará en 2023 con una financiación récord que permitirá a los gobiernos regionales destinar más dinero a servicios públicos esenciales como educación, sanidad y servicios sociales.
La ministra también se ha mostrado convencida de que esos mayores recursos sirvan para combatir la inflación y permitan a las Comunidades Autónomas complementar medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir el alza de precios, como es el caso de la bonificación de los abonos de transporte urbano y metropolitano.
Más margen en las tasas de referencia
Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda y Función Pública ha comunicado a las Comunidades las tasas de referencia de déficit público que se estiman para este subsector en 2023.
Así, Montero ha indicado que se mantiene, como en años anteriores, la suspensión de las reglas fiscales, algo que va en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023.
Sin embargo, la suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal. De hecho, el déficit de España se reducirá más de un 60% desde el inicio de la pandemia al pasar del 10,1% en 2020 al 3,9% en 2023, sin tener en cuenta la ayuda financiera. Una disminución que se producirá sin aplicar recortes en el Estado de Bienestar, sino haciéndola compatible con un refuerzo de las políticas públicas que benefician a una mayoría social.
Por tanto, aunque las reglas fiscales están suspendidas, en aras de la responsabilidad fiscal se sustituyen los objetivos de estabilidad por unas tasas de referencia de déficit. En el caso de las Comunidades Autónomas, se registra una importante novedad de cara al próximo ejercicio, que permitirá mayor holgura financiera para estos territorios.
En concreto, las Comunidades tendrán un mayor margen de gasto al pasar de una tasa de referencia del 0,1% para 2023 recogida en el Programa de Estabilidad presentado el pasado mes de abril a la Comisión Europea, a una tasa de 0,3% para ese mismo año. Esas dos décimas más de margen permitirán a las Comunidades Autónomas una mayor capacidad de inversión en la prestación de servicios públicos de calidad.
Por su parte, la Administración Central será quien asumirá esas dos décimas y, por tanto, tendrá una tasa de referencia más exigente, al pasar de un déficit del 3,4% en 2023 incluido en el Programa de Estabilidad a una tasa del 3,2%. De esta forma, el Estado Central asumirá gran parte del coste derivado de las consecuencias de la invasión de Ucrania, como también hizo en ejercicios anteriores para amortiguar los efectos de la COVID-19 en el resto de subsectores.
Se trata de una decisión que forma parte del compromiso del Gobierno con la financiación de los territorios autonómicos desde el inicio de la legislatura. De hecho, la ministra ha recordado que, incluyendo los datos de 2023, las Comunidades Autónomas habrán recibido en cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez 178.750 millones más que en los últimos cinco años completos anteriores, lo que supone un incremento del 40% en la financiación de las autonomías.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es